lunes, 23 de noviembre de 2015

Accidentes de trabajo, enfermedades comunes y profesionales - Grupo 3

SEGURIDAD SOCIAL
Las enfermedades, los accidentes, la vejez y la discapacidad, se definen como fenómenos que impiden un desempeño productivo durante cierto tiempo o de forma definitiva. Todo esto hizo que la sociedad (en conjunto o no), por propia voluntad o a través de las autoridades, fueran creando redes de protección social. A través del tiempo, los riesgos se han multiplicado debido a las modificaciones que han sufrido las interacciones sociales, por lo que se han institucionalizado esas redes. Uno de los sistemas organizados institucionalmente fue la Seguridad Social. 
La principal función de la Seguridad Social es proteger al individuo sin distinción alguna. Busca amparar a la persona que se encuentra frente a una contingencia que ponga en riesgo su estabilidad económica y social, cubriendo sus necesidades básicas cuando sean alteradas por distintas situaciones. Una forma de amparar al individuo que se encuentre en situación de desventaja, es establecer un contrato donde se pueda dar solución a los problemas que la causan.
La Ley 16.426 establece de forma libre la elección de empresas aseguradoras para la celebración de contratos de seguros sobre todo riesgo, exceptuando el caso de los contratos de seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los cuales solo pueden ser celebrados por el BSE, quien tienen un monopolio al respecto. Dichos contratos están regulados por la Ley N° 16.074. Esta ley establece que los empleadores privados tienen la obligación de asegurar en el BSE por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a todo el personal que realice trabajos manuales en condiciones de riesgo.
ACCIDENTES DE TRABAJO
Un accidente es un acontecimiento imprevisto, no deseado, que da por resultado daños físicos a las personas y/o daños a los bienes de propiedad o simplemente pérdidas de tiempo.
Se considera accidente de trabajo a toda lesión proveniente de una causa externa, súbita y frecuentemente violenta en ocasión o a causa del trabajo. Años anteriores, la reparación de los accidentes estaba a cargo del empleador no considerando si tuviera o no culpa propia en la producción de los mismos. Hoy en día los trabajadores cuentan con la posibilidad de descargar el riesgo en el BSE.
Se considera accidente de trabajo:
o    Los que ocurran en ocasión o por consecuencia de las tareas que el trabajador realiza, en cumplimiento de las órdenes del empleador o espontáneamente en interés de un buen funcionamiento de la empresa.
o    Los que tengan lugar en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, al estar en conexión con el trabajo.
o    Las enfermedades que contraiga el trabajador a raíz de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva su ejecución.
Los accidentes de trabajo siempre implican alguna pérdida y debido a que se pueden evitar, el objetivo fundamental debe ser la PREVENCIÓN. Existen métodos y estrategias adecuadas para actuar en forma eficaz y reducir los niveles de riesgo. En algunos casos, la empresa lleva adelante planes de seguridad que involucran a toda la organización, siendo posible prevenir la ocurrencia de accidentes.
Hoy en día, la seguridad laboral dejó de ser una opción ya que incumplir las normas trae severas consecuencias a los empleadores. Para ello, surgen nuevos puestos de trabajo los cuales se encargan de la prevención de riesgos, como lo es el Técnico Prevencionista. La persona con dicho perfil maneja una técnica que reconoce, evalúa y controla los riesgos que puedan causar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Hace un par de años atrás surge la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Empleador (Ley Nº 19196), la cual expresa en el Artículo 1º, que será penado con prisión al:
"empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador".
Esto representa un beneficio para los trabajadores, ya que al verse respaldados por la ley se encontrarán tranquilos y no afectarán el rendimiento en su puesto de trabajo. A su vez trae beneficios al empleador, debido a que siempre será preferible prevenir los accidentes laborales y enfermedades profesionales, a correr con todos los gastos que surjan luego de que ocurra lo inesperado.

ENFERMEDADES PROFESIONALES
Son aquellas causadas por agentes físicos, químicos, biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el trabajo. Para que esta se considere de carácter profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando aquellos que no estén desempeñando a la época del diagnóstico. Se comprenden por el convenio Nº 121 de OIT con un diagnóstico preventivo o confirmado e independientemente de la condición del asegurado.

¿Cómo debe enfrentarse una situación como ésta?
La declaración de accidentes y enfermedades laborales se debe realizar dentro de una semana a partir de la sospecha de la enfermedad, utilizando algún medio de comunicación disponible. La declaración debe realizarse ante el BSE (Banco de Seguros del Estado) dentro de las 72 horas para Montevideo y 5 días para el interior. En caso de que no se sigan los términos indicados sin una justificación correspondiente, se aplica una sanción severa para el empleador.
La denuncia debe efectuarse ante el BSE respetando los plazos mencionados en la ley 16074. Si el BSE tiene dudas sobre el carácter del accidente, podrá iniciar un procedimiento determinado frente a la Inspección General del trabajo y Seguridad Social. Si no se hace en un plazo de 10 días, quiere decir que acepta la denuncia.
Las personas amparadas no tendrán más derecho que los que la Ley 16074 les otorga, a no ser que en éstos individuos haya mediado dolo por el empleador o por incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. En este caso, además, el banco podrá aplicar las sanciones correspondientes.
Acreditado por el empleador la existencia del seguro obligatorio, éste queda eximido de toda responsabilidad con la salvedad de las situaciones que se nombraron anteriormente. A partir de esto, la acción se dirige hacia el BSE.
El BSE otorga asistencia médica y abonará las indemnizaciones correspondientes, con independencia que sus empleadores hayan cumplido o no con la obligación de asegurarlos. Las indemnizaciones que abonará el banco a los accidentados dependientes de empleadores no asegurados, se calcularán tomando como base el salario mínimo nacional. 
El trabajador afectado por accidente de trabajo o enfermedad profesional se someterá obligatoriamente a la asistencia otorgada por el BSE, salvo que se la solicite particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control de su evolución. Durante la asistencia, el trabajador no podrá realizar actividades remuneradas a excepción que el Banco lo autorice. En caso negativo, se promueve una suspensión o cese del pago de la indemnización diaria o renta.
Las rentas de indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se pagarán mensualmente y serán incedibles, inembargables e irrenunciables.
La ley establece un régimen de reparación tarifaria que independiza el monto de la indemnización del daño producido y de su prueba. Salvo excepciones, si el patrón aseguró al empleado, no debe responder por el accidente.
o    Incapacidad temporaria: En caso que se provoque falta de continuidad temporaria en el trabajo, se paga indemnización. Son 2/3 del salario habitual a partir del 4to día de ausencia. Ésta se presta hasta curación completa o hasta un momento en que la incapacidad deviene permanente.
o    Incapacidad permanente: Si esto ocurre, le da derecho a cobrar una renta vitalicia. La renta depende del porcentaje de disminución de la capacidad profesional.
o    Hasta un 10% no corresponde.
o    De un 10-20%, único pago de 36 veces la reducción mensual
o    Superior al 20%, el monto de la renta es equivalente a la reducción salarial
o    La indemnización puede alcanzar hasta el 115% en caso de incapacidad permanente total y en estado de no poder subsistir sin asistencia y cuidados de otra persona.
o    Muerte: En caso que el obrero pierda la vida, sus derecho-habientes tendrán una renta económica que depende de la mayor o menor dependencia que tenían con la víctima. El cónyuge cobra un 50% de la remuneración anual de renta vitalicia. Si hay menores de 18 o mayores discapacitados, la renta varía entre 20-55% dependiendo de la cantidad que haya. Si el rentista se ausenta del país sin designar un apoderado, pierde el derecho a la renta.

Acción de revisión
Una vez fijada la indemnización, se pueden modificar las consecuencias producidas por el accidente. Para ello se prevé una revisión, siempre que haya transcurrido al menos un año desde que se fijó la indemnización.
Naturaleza del seguro
El seguro por accidentes laborales y enfermedades profesionales no se diferencian de los seguros mercantiles comunes. Se financia por las primas que pagan los empleadores fijadas por el BSE de acuerdo al grado de riesgo de la actividad.
Todo patrón es responsable de los accidentes o enfermedades que ocurran a sus obreros a causa del trabajo o en ocasión del mismo. En caso de que no le asegure, el patrón deberá depositar en el banco, el valor de la renta que pasará a cobrar el empleado. Se tiene derecho a accionar en contra de terceros en caso de responsabilidad.
Readmisión
El trabajador se incorpora una vez comprobada su recuperación. Si no puede cumplirlo, se debe ubicar en otro acorde a su capacidad limitada. Si el empleado se presenta dentro de los 15 días y el empleador no lo readmite, será beneficiado con una indemnización por despido triple. El plazo de estabilidad establecido es de 180 días.
No hay sentencias de despido durante ausencia y la jurisprudencia se ha pronunciado de manera especial en relación a despidos durante el plazo de estabilidad legal. En este último caso, entiende que corresponde el pago de los salarios de los 180 días.
Accidentes In Itinere
Se debe indicar en qué condiciones se da el accidente in itinere. Según la norma, deberá definirse sobre el accidente de trabajo incluyendo al accidente sufrido en el trayecto. No se considera accidente de trabajo el que sufra el empleado en el trayecto o lugar de desempeño de sus tareas, salvo que:
o    Estuviere cumpliendo tarea específica mandada por el patrón
o    Que hubiere tomado a su cargo el transporte del trabajador
o    Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales

ENFERMEDADES COMUNES
Se define como aquella alteración de la salud que no se considera accidente laboral o enfermedad profesional, por lo tanto, carece de toda relación de trabajo. Las enfermedades comunes son una de las causas de interrupción de contrato de trabajo. Ello significa que se suspende la prestación de servicios y el pago de salarios pero el contrato no se extingue. Durante el tiempo que el trabajador permanece amparado en el seguro de la enfermedad, el contrato se mantiene suspendido sin consecuencias. El plazo máximo de amparo al seguro es de 2 años. Si bien la ley permite que la suspensión por enfermedad es por un año, puede admitir que se extienda a un año más. Si el trabajador sigue incapacitado a fin de ese periodo, se procede a establecer su jubilación, por lo que se extingue el contrato.
El salario durante la enfermedad
En el sistema actual, los trabajadores enfermos tienen derecho a un subsidio de un 70% del salario habitual (a partir del cuarto día) con un tope de 3 salarios mínimos. El trabajador debe notificar al patrón la enfermedad lo más rápido posible mientras que el empleador tiene derecho a corroborar si existe la enfermedad a través de una consulta médica o por disponer un contralor adecuado como lo establece la jurisprudencia nacional.
Seguro de Enfermedad
Para eliminar el problema de que justamente donde más necesidad haya de salario éste se suspenda, se crearon regímenes de seguro de enfermedad en distintas actividades. A través de esto se dispone de un subsidio en sustitución del salario perdido, con asistencias médicas, quirúrgicas y otras prestaciones en especie y dinero. El régimen se encuentra a cargo del BPS y lo rige el decreto ley 14407.
Actividades comprendidas
Con el tiempo se fueron incorporando al seguro general otros sectores que no tenían seguro específico. Se incorporaron a todas las actividades privadas excepto las instituciones bancarias y aquellas otras que tenían seguros convencionales para cubrir el mismo riesgo. Están al margen: bancarios, socios de SRL y sociedades en comandita, directores de SA y empleados de escribanías. Según el decreto nº 546/984, las actividades mencionadas han constituido en su ámbito, Seguros Privados de Enfermedad que cumplen en forma eficiente con su cobertura específica organizando un régimen de asistencia como de prestaciones superior al que ofrece el sistema público
Beneficiarios
Para tener el derecho a cobro del subsidio por enfermedad, el asegurado deberá haber aportado al fondo especial de esta ley, la cotización correspondiente a 75 jornales o 3 meses como mínimo en los 12 meses anteriores a la denuncia de la enfermedad. Percibirá un subsidio y seguirá aportando al seguro como si estuviera trabajando.
Beneficios que se concede
El beneficiario puede inscribirse personalmente presentando certificado de actividad expedido por la empresa. El seguro por enfermedad concede a los trabajadores de las actividades comprendidas una serie de prestaciones para cubrir el riesgo de enfermedad propio y de sus familiares.
o    Asistencia médica, quirúrgica y medicamentos.
o    Subsidio por enfermedad (Cuando el asegurado sufre un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se atiende por el BSE y dicha institución le paga una suma por las pérdidas de los salarios que su ausencia ocasiona, alcanzando las 2/3 partes)
o    Aguinaldo (el beneficiario percibe una parte proporcional del aguinaldo por el tiempo que cobra el subsidio).
o    Subsidio al imposibilitado (El beneficiario es declarado física o intelectualmente imposibilitado para el desempeño del empleo, por lo que recibirá el subsidio por enfermedad durante 180 días desde la declaración).
o    Subsidio complementario (En caso de las trabajadoras grávidas comprendidas en el seguro de enfermedad, cuando tengan enfermedades fuera de las 12 semanas de licencia materna, el seguro les da esto).

Otras disposiciones
o    La garantía de estabilidad: Cuando el trabajador es dado de alta se debe presentar en la empresa dentro de las 24 horas hábiles. Si cumple con lo estipulado, no puede ser despedido ni suspendido. La empresa está obligada a reintegrarlo a sus tareas habituales cuando haya sido dado de alta del seguro por enfermedad. El reintegro no es exigible si el contrato termina por otra causa, ya sea terminación del contrato o ineptitud física o mental. Debe notificarlo el patrón.
o    Computabilidad a los efectos laborales: En tiempo de ausencia por enfermedad será computable como si realmente hubiera trabajado. Por consiguiente, los días de enfermedad se consideran trabajados a los efectos del cálculo de antigüedad por el IPD. Las ausencias por enfermedades generan cómputos para la licencia como si se hubiera trabajado.

 Cajas de auxilio y seguros convencionales
Se podrá crear una persona jurídica sin finalidad de lucro cuya contabilidad y administración es independiente de las empresas que la creen y de los sindicatos comprendidos. El BPS actúa como órgano fiscalizador de todas las personas jurídicas administradoras de fondos por seguros de enfermedad. 

Glosario
Dolo: es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.

sábado, 21 de noviembre de 2015

Grupo 4

SEGURO DE PARO:

Concepto:
El seguro de paro refiere a la desocupación pasajera del trabajador de la actividad privada. En Uruguay es una remuneración mensual, administrada por el Banco de Previsión Social, a la que tiene derecho quien se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral.
Está regulada por la ley N°15.180 de 20 de agosto de 1981, reglamentada por decreto 14/82 del 19 de enero de 1982, y su modificativa, ley 18.399 de fecha 24 de octubre de 2008.
¿Cuándo corresponde?
"El desocupado debe solicitar el seguro de paro al BPS dentro de un plazo de 30 días posteriores al hecho que causó la pérdida de trabajo, que pueden ser el despido, la suspensión del trabajo, o la reducción del total de las jornadas de trabajo mensuales o de las horas diarias trabajadas en un porcentaje del 25% o más del legal o habitual en épocas normales".
El seguro de paro corresponde a un máximo de:
o    6 meses o 72 jornales en caso de despido o trabajo reducido.
o    4 meses o 48 jornales en caso de suspensión total.
La falta de presentación en plazo determinara la pérdida del beneficio por el o los meses del año transcurrido en forma completa.
En todos los casos, el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la casual. Para tener acceso a la prestación del Seguro se requiere haber trabajado 6 meses (para mensuales) o 150 jornales (para jornaleros) en el último año.
Para tener derecho a un nuevo periodo de subsidio de Seguro de Paro debe transcurrir un periodo de 12 meses desde que terminó la prestación anterior.
Cuánto se cobra por Seguro de Paro. 
El monto del seguro de paro de Uruguay es equivalente a un porcentaje variable de las remuneraciones nominales computables percibidas por el trabajador en los últimos 6 meses inmediatos a la causa de la desocupación:
Con remuneración mensual, será el equivalente a los porcentajes que se establecen a continuación, del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la casual: 66% por el primer mes de subsidio; 57% por el segundo; 50% por el tercero; 45% por el cuarto; 42% por el quinto, 40% por el sexto. 
Con remuneración por día o por hora, será el equivalente a las cantidades de jornales mensuales que se establecen a continuación, el monto de cada cual se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la casual, por ciento cincuenta. 16 jornales, por el primer mes de subsidio; 14 jornales, por el segundo; 12 jornales, por el tercero; 11 jornales, por el cuarto; 10 jornales, por el quinto;9 jornales, por el sexto.
El Seguro de Paro lo perciben aún en el caso que cobren indemnización por despido. Si el trabajador fuere casado o viviere en concubinato, o tuviere a su cargo familiares incapaces, descendientes menores de 21 años, percibirá un suplemento del 20%.
Cuando no corresponde recibir el seguro de paro:
o     Jubilados
o    Trabajadores en huelga
o    Los que hacen abandono voluntario del trabajo
o    Los despedidos por notoria mala conducta 
o    Suspendidos por causas disciplinarias
El derecho al Seguro de Paro cesa con el reingreso a cualquier actividad remunerada, por rechazo sin causa legítima de empleo conveniente, o acogimiento de jubilación.
Agotado el plazo de la prestación, sólo podrá recibirse otra vez luego del transcurso de 12 meses, 6 de ellos de aporte efectivo, desde la última prestación percibida.

ACTIVIDADES INSALUBRES:
¿A qué se denomina actividad insalubre y quienes la regulan?
La ley 11.577 considera actividades insalubres a aquellas en donde las condiciones de trabajo o los materiales que se utilizan son consideradas perjudiciales para la salud. 
Las actividades insalubres son reguladas por la Comisión Honoraria de Trabajos insalubres la cual se encuentra  formada por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Seguros del Estado, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, donde en conjunto dicha comisión propone medidas de seguridad de higiene y protección obrera.
Tiene derecho a la indemnización especial si es despedido estando enfermo, siempre que la ausencia por enfermedad no exceda de 18 meses. Una vez reintegrado después de la enfermedad, no se le puede despedir hasta que no hayan transcurrido por lo menos 180 días a contar de su reintegro. 
Monto: 3 meses de sueldo por cada año o fracción que hubiere trabajado, sin límite.
En situaciones especiales, el trabajador puede contraer alguna enfermedad de la actividades "declaradas insalubres" por la Comisión Honoraria, sin ser considerada la misma enfermedad profesional de las enumeradas por el Decreto 167/981 del 8 de abril de 1981.
Consecuencias:
Aquellos establecimientos que no cumplen con las condiciones de salubridad no son clausurados, permitiendo a la empresa continuar con la actividad pero en condición más grave para el empleador.
Para aquellos establecimientos declarados insalubres rigen las siguientes especificaciones:
o    La jornada tiene una limitación de 6 horas. Pero el salario corresponderá a las 8 horas habituales.
o    El trabajo nocturno queda establecido en el horario de 22 a 6, con un máximo de 30 horas semanales y con un descanso continuo de 48 horas. Solo pueden realizar trabajo nocturno aquellas personas mayores a 21 años.
o    El trabajador que ha recuperado la salud tiene derecho a ser reincorporado a su puesto, siempre y cuando la ausencia del mismo producida por la enfermedad no haya sido mayor a 18 meses. Si el trabajador queda con una incapacidad permanente tiene derecho a ocupar un cargo adecuado a su nuevo estado.
o    En caso de que el empleador no reincorpore al trabajador, deberá pagarle una indemnización por despido de tres meses de sueldo por cada año o fracción de actividad del trabajador.  


viernes, 16 de octubre de 2015

Negociación colectiva y consejo de salario.-

 GRUPO 2 
Negociación colectiva

La negociación colectiva es aquella que se realiza entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales, para establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado.
Puede abarcar todos los aspectos de la relación laboral como salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional y otros. Así también como determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores.
El objetivo de la negociación colectiva es determinar las remuneraciones y las condiciones de trabajo y aquellos trabajadores a los cuales se le aplica un acuerdo que será alcanzado mediante negociaciones entre dos partes que han actuado libre, voluntaria e independientemente.
 Hace posible que los empleadores y trabajadores definan, mediante acuerdo, las normas que regirán sus relaciones reciprocas.

VENTAJAS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Por los trabajadores:
    Asegura salarios y condiciones de trabajo adecuada.
    Otorga beneficios al "conjunto" de trabajadores, lo que los beneficia más que cuando la relación de trabajo se refiere a un solo individuo, es decir que cuando son los individuos de forma personal que deben negociar por la poca fuerza que eso implica.
Para los empleadores:
    Favorece la estabilidad de las relaciones laborales que pueden verse perturbadas por tensiones no resueltas en el campo laboral.
    Mediante la negociación colectiva los empleadores pueden abordar los ajustes que exigen la modernización y restructuración.

 

TIPOS DE NEGOCIACIONES:
    Negociación colectiva reglada: es aquella que se efectúa de acuerdo a las normas del código del trabajo y se resuelve a través de un contrato colectivo o un fallo arbitral. Este tipo de negociación se sub divide en  negociación colectiva de empresa o inter empresa (en Uruguay no hay Código de Trabajo, sino normas que regulan la Negociación Colectiva)
    Negociación colectiva semi reglada: se aplica solo a grupos de trabajadores y sindicato de trabajadores agrícolas de temporada y da origen a un convenio colectivo.
    Negociación colectiva no reglada: es aquella negociación directa que se celebra en cualquier momento entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales.
 En Uruguay las Negociación Colectiva es reglada porque debe realizarse de acuerdo a la normativa vigente. Se establecen pautas entre quienes se negocia, cuándo se negocia, y otros aspectos que la regula. (Ver Ley 18.566 del 11 de setiembre de 2009 en:
En el Uruguay, el Consejo de Ministros aprobó pautas de Negociación Colectiva del sector privado:
    Promover el aumento de salarial diferencial atendiendo ingresos sumergidos
    Compatibilizar crecimiento de salario real con necesidad de elevados niveles de empleo.
    Contemplar la heterogeneidad de los sectores.
    Mejorar las condiciones de empleo y capacitación
Estas pautas sirvieron para aprobar posteriormente la Ley 18566 sobre Negociación
Colectiva que introdujo también algunos cambios a la Ley 10499 que regulaba los Consejos de Salarios. Si bien no la derogó, sí la modificó y también dejo vigente algunos puntos de esa norma. Por lo tanto estas son las dos normas principales que regulan este tema.
Como se dijo anteriormente, el sistema de negociación colectiva en Uruguay, está regulado por la ley 18.556, la cual establece los derechos y principios de la negociación colectiva:

Derecho de negociación colectiva: Refiere a que las partes interesadas, es decir los empleadores u organizaciones empleadoras de y una organización o varias organizaciones de trabajadores tienen derecho a establecer las condiciones de trabajo que consideren pertinentes y a regular sus relaciones reciprocas.
Promoción y garantía: El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles, para ello adoptará las medidas adecuadas con el objetivo de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y empleados.
Deber de negociar de buena fe: En toda negociación colectiva, cada una de las partes (empleadores y empleados) conferirán el mandato necesario a sus respectivos negociadores para conducir y concluir la negociación correctamente.
Colaboración y consulta: La colaboración y consulta tiene como finalidad principal llegar a soluciones de común acuerdo en cuanto refiere a cuestiones de interés mutuo para así mejorar las condiciones de trabajo y elevar el nivel de vida.
Formación para la negociación: Las partes en la negociación colectiva pueden adoptar medidas para que sus negociadores reciban una formación apropiada, la cual puede ser brindada por autoridades públicas si así lo desean cualquiera de las partes.
La ley 18.556 también crea el Consejo Nacional Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza. El mismo estará compuesto por nueve delegados de las organizaciones más representativas de cada una de las partes (empleadores y empleados) y un número igual de suplentes para cada parte.
El consejo superior tripartito puede ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o a propuesta de cualquiera de las partes.
Entre las competencias del Consejo Superior Tripartito se encuentran: fijar y modificar los salarios mínimos, clasificar los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales.

                                                          Consejos de Salarios
Los Consejos de Salarios son órganos administrativos previstos en la ley 10.449, constituyendo así mismo órganos colegiados de integración tripartita, compuestos por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo (correspondiéndose a uno de ellos la presidencia del Consejo respectivo), dos delegados de los trabajadores y dos delegados de los empleadores.

Tienen como función principal la de establecer salarios mínimos, determinar categorías y tareas para cada uno de los grupos de actividades.
Si bien los Consejos de Salarios están regulados por la ley 10.449, la ley 18.556 introduce unas modificaciones a la misma, en el artículo 5 si bien ambos hablan sobre la fijación de salarios mínimos, en la ley 18.556 se establece el salario mínimo por sector de actividad y en la ley 10.449 solo hace referencia a un único salario mínimo.
En el artículo 13 de la ley 18.556 se habla sobre el Consejo Superior Tripartito el cual es el encargado de clasificar los grupos de actividad y por cada grupo, funcionará un consejo de salarios, mientras que en la ley 10.449 el encargado de clasificar por sector de actividad es el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, la ley 18.556 hace referencia a la prevención de conflictos y se establecen las siguientes cuestiones:
    El Ministerio de Trabajo tendrá competencias en mediación y conciliación de conflictos
    Las partes pueden establecer la prevención y solución de conflictos que entiendan convenientes
    En cualquier momento las partes pueden optar por la mediación y conciliación voluntaria en la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Trabajo



Concepto, principios del Derecho Laboral Uruguayo y normas constitucionales que regulan el trabajo en nuestro país.

Concepto, principios del Derecho Laboral Uruguayo y normas constitucionales que regulan el trabajo en nuestro país.
Integrantes: Lucía Martínez, Carolina Blanc, Sophia Llona, Martín Müller, Agustín Conovalov, Melina Dorrego, Florencia Sánchez, Romina Gutiérrez.

Introducción:
• Guarda relación con actividades humanas, y sobre todo aquellas que tienden a preservar un cierto estado en la sociedad (las que evitan el caos).
• Regula controversias.
• Aplica normas de conducta (confiadas al Estado).

Concepto:
Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declarados obligatorios por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. También puede definirse como un conjunto de normas de conducta inspirados en un ideal de justicia e impuestas coercitivamente que al determinar deberes y obligaciones de cada uno hacen posible la coexistencia social.

Normas constitucionales que regulan el trabajo.
En lo que respecta al derecho laboral podemos encontrar los siguientes artículos en la Constitución Nacional de la república:

Art 7. “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieran por razones de interés general”
Art 53. “El trabajo está bajo protección especial de la ley.Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica”
Art 54. “La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal y la higiene física y moral.”

Se podría concluir a partir de dichos artículos que el trabajo es considerado como un derecho humano fundamental y por lo tanto existen normas que lo regulan.
En resumen, el derecho del trabajo en general, como un derecho tuitivo, que tienen como finalidad central la protección del trabajador, considerándose la parte más débil en la relación laboral debido a las siguientes razones:
• El trabajador necesita el trabajo
• Alto índice de desempleo
• El jefe es el que manda y tiene la facultad para terminar el contrato en cualquier momento así sea pagando la respectiva indemnización.
• La falta de información y de recursos que le impide hacer una reclamación judicial.
• La poca confianza en las instituciones y en la justicia
• La presión social y familiar que los obliga a estar donde no quisiera estar.
Esa protección, se puede realizar de dos maneras:
Por el Estado: brindada a través o a partir de los tres poderes: el Poder Legislativo dictando una legislación laboral especializada y tuitiva; el Poder Ejecutivo a través de la Administración del trabajo, especialmente de la Inspección del trabajo, que debe controlar la aplicación de dichas normas; y el Poder Judicial, que debe ofrecer una Justicia especializada y un procedimiento autónomo para la solución de los conflictos que surgen del incumplimiento de esa normativa
Por la propia parte que necesita la protección (el trabajador): mediante la formación de sindicatos, agrupaciones con las cuales los trabajadores recurren a la fuerza del número para tratar de equiparar el mayor poder económico del empleador.

Principios del derecho laboral.
Se pueden entender como principios a líneas directrices que cumplen con diferentes funciones, y que guardan cierta armonía interna. Los Principios del derecho laboral son líneas directrices que informan sobre algunas normas y promueven una serie de soluciones con la finalidad de fomentar y guiar la aprobación de nuevas normas, orientar sobre la interpretación de normas existentes y resolver casos no previstos.

Principio protector.
El principio protector establece amparo a favor del trabajador. El derecho laboral ha tenido como objetivo primordial proteger al trabajador para lograr mediante esa protección que se alcance una igualdad real entre el empleador y el trabajador.
Este principio puede aplicarse de las siguientes formas:
• Regla indubio pro operario: criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles de una norma, aquel que sea más favorable al trabajador.
• Regla de la norma más favorable: determina que en caso de que haya más de una norma aplicable, se deba optar por aquella que sea más favorable aunque no sea la que hubiese correspondido según los criterios clásicos sobre jerarquía de las normas.
• Regla de la condición más beneficiosa: criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador.

Principio de irrenunciabilidad de los derechos.
La imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio.
La renuncia es un acto voluntario por el cual una persona abandona un derecho reconocido a su favor. La prohibición de renunciar implica excluir la posibilidad de realizar válida y eficazmente el desprendimiento voluntario de los derechos en el ámbito alcanzado por aquella prohibición. El Derecho del trabajo entra dentro de ese ámbito.

Principio de continuidad de la relación laboral.
Este principio intenta amparar al trabajador partiendo del supuesto de que a éste le preocupa no solo el presente sino el futuro de la relación que lo vincula con su empleador. Al mismo tiempo, refleja la tendencia actual del Derecho del trabajo de atribuirle la más larga duración a la relación laboral.
La conservación de la fuente de trabajo no solo constituye un beneficio para el trabajador sino que redunda en beneficio de la propia empresa, y también de la sociedad en la medida que contribuye a aumentar el rendimiento y a mejorar el clima social de las relaciones entre las partes.

Principio de primacía de la realidad.
En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos y acuerdos debe darse preferencia a lo que sucede en los hechos; esto implica hacer primar los hechos sobre las formas, formalidades o apariencias. En materia laboral significa que lo que ocurre en la práctica importa más que lo que las partes hayan pactado en forma en documentos, formularios o instrumentos de contralor.

Principio de la buena fe.
La buena fe constituye un aspecto de orden moral indispensable para el adecuado cumplimiento del derecho. Sin ese componente, la mayoría de las normas jurídicas pierden su sentido y su significación.
La buena fe no es una norma ni se reduce a una o más obligaciones sino que es un principio jurídico fundamental que informa todo el ordenamiento jurídico, y si bien está recogido en forma expresa en diversas normas, aún se lo reconoce valor cuando carezca de consagración expresa. En la actualidad, se la concibe como principio general, informante de la totalidad de la regulación con características de postulado moral y jurídico.

Principio de no discriminación.
El principio de no discriminación lleva a excluir aquellas diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el conjunto cuando esto responda a una razón que no pueda considerarse válida o que resulta ilegítima.

Principio de gratuidad de los procedimientos.
Los procesos laborales son gratuitos para el trabajador, para no obstar su defensa por imposibilidad económica.

Principio de justicia social.
Imponiendo a cada parte, derechos y deberes para que cada uno obtenga lo que le corresponda.